Si precisa de los servicios de un abogado penalista en San Sebastián de los Reyes póngase en contacto con nuestro despacho. Nuestros esfuerzos y recursos, así como nuestra amplia experiencia de más de 20 años, son garantía de excelencia y calidad. Tratamos cada caso de manera única y personalizada, buscando siempre la cercanía con nuestros clientes y la solución más beneficiosa para sus intereses.
Estamos especializados en todas las áreas del derecho penal, siendo los delitos contra la seguridad vial nuestra principal área de trabajo.
Una representación legal de calidad marca la diferencia en cualquier tipo de litigio. Por este motivo, contar con los servicios de un abogado especializado en derecho penal es garantía de que se tomarán las decisiones y estrategias más acertadas para la obtención de una resolución favorable en un juicio.
El derecho penal es la rama del derecho que regula las acciones que afectan los derechos de las personas. También determina cuáles son estas conductas punibles y sus consecuencias legales, ya sea por acciones u omisiones que causen daño a bienes tangibles, físicos o jurídicos. Incluye cualquier conducta dolosa o imprudente sancionada por la ley, según lo establecido en el Artículo 10 del Capítulo I, Título I, Libro I del Código Penal.
Clasificar los delitos penales es una tarea extremadamente compleja, ya que depende del criterio utilizado. Los principales métodos son:
Estos son solo algunos de los criterios a seguir para poder clasificar los delitos penales, aunque existen muchas otras formas de clasificarlos.
En Abogado Delitos trabajamos por y para nuestros clientes, velando siempre por sus intereses, ya sea como parte acusadora o en su defensa. Tratamos cada caso de manera individualizada, ya que en derecho no existen dos casos iguales. Esto, a su vez, nos permite mantener un trato cercano con el cliente.
Los delitos contra la seguridad vial son uno de los tipos delictivos más frecuentes dentro del ordenamiento jurídico. En 2022, solo fueron superados por los delitos contra el patrimonio y socioeconómicos y los delitos contra la seguridad colectiva, según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística.
Se regulan en los artículos 379 al 385 ter del Título XVII, Capítulo IV del Código penal, y se definen como aquellos comportamientos temerarios que ponen serio peligro la seguridad y el normal funcionamiento de las vías públicas, con el consiguiente riesgo que supone para la vida e integridad de las personas. Dentro de esta categoría se enmarcan las siguientes infracciones:
Una de las conductas delictivas más habituales dentro del ordenamiento jurídico español son las relacionadas con la producción, distribución, manipulación y tráfico de drogas. Aunque no son los únicos delitos contra la salud pública, sí que son los más conocidos y que tienen una mayor repercusión en la sociedad.
En líneas generales, los delitos contra la salud pública se definen como todas aquellas acciones que amenazan el bienestar general y/o representan una amenaza para la salud comunitaria.
Estos delitos vienen recogidos y regulados por el Capítulo III del Título XVII del Código Penal. Suponen un gran reto para las autoridades, ya que, por ejemplo, el tráfico de drogas, lleva consigo asociados otros delitos de otra índole: blanqueo de capitales, lesiones u homicidios, etcétera. Además de, a menudo, tener un alcance internacional o emplear sustancias químicas de uso cotidiano.
Este tipo de conductas delictivas es, con toda probabilidad, el que mayor impacto social tiene. El maltrato o violencia hacia la mujer en el ámbito familiar, tanto física como psicológicamente, es uno de los delitos más perseguidos por la jurisprudencia española en los últimos años, llevando a cabo múltiples reformas legales y campañas en favor de la protección de la mujer.
En la actualidad, el delito de violencia de género se define como todo acto que menoscabe la integridad física, psicológica, moral o la intimidad, mediante amenazas, lesiones o coacciones por parte del hombre, contra la mujer. Siendo, además, una conducta agravada si esto se da en el ámbito familiar, aprovechando relaciones de afectividad con o sin convivencia.
Los delitos que afectan a la economía, especialmente al orden socioeconómico, abarcan infracciones contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos empresariales, delitos contra el mercado y los consumidores, y actos de corrupción en los que están implicados particulares o transacciones comerciales.
Además, en el ámbito socioeconómico, también se encuentran otros delitos que perjudican el patrimonio, como la malversación de fondos, blanqueo de capitales, el hurto y el robo, las estafas y la apropiación indebida.
La persona condenada por cualquier delito , se inscribe dentro del registro oficial de sentencias condenatorias del sistema judicial. Lo que significa que, en caso de existir una condena en firme, esta persona contará con antecedentes penales en su expediente judicial.
Aparecer en esta lista, lleva arraigadas una serie de repercusiones de tipo administrativo, laboral y penal:
Cometer un delito y cumplir una sentencia no debería marcar a una persona de forma permanente. Por ello, es esencial eliminar los registros de antecedentes penales. Sin embargo, es importante señalar que estos registros seguirán teniendo implicaciones legales y financieras hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones derivadas del delito.
El tiempo durante el cual estos antecedentes penales siguen siendo relevantes está definido según las disposiciones establecidas en el Código Penal.
La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla: presentar una denuncia.
Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil son las instituciones oficiales donde se puede interponer una denuncia penal. Además, también es posible hacerlo directamente en el Juzgado.
Existen varias formas de presentar una denuncia penal. Una opción es utilizar las plataformas en línea de estos organismos, como la aplicación e-denuncia de la Guardia Civil. Otra opción es acudir en persona a una comisaría, un cuartel o un Juzgado, donde se puede realizar la denuncia de manera oral o escrita ante los agentes.
Es importante recordar que denunciar es un derecho y un deber ciudadano para asegurar que se tomen las medidas legales necesarias contra las conductas delictivas.
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