La prejudicialidad penal implica que un proceso civil, laboral o contencioso administrativo se puede suspender hasta que concluya un procedimiento o investigación penal cuya resolución lo afecta.
La idea que sostiene la prejudicialidad es que la resolución en el procedimiento penal es un requisito previo imprescindible para la continuidad del proceso en el que surge. Para que se aplique la prejudicialidad penal, es un requisito que la decisión penal sea determinante para resolver el juicio civil, laboral o administrativo.
En casos de decisión de prejudicialidad penal, la actuación de un abogado penalista puede ser clave para los resultados del juicio principal. En algunas situaciones sugerirá presentar un recurso, en otras aconsejará acompañar la interrupción del juicio. Su conocimiento de los efectos de una u otra condición en los resultados contribuirá a que su cliente evite perjuicios.
Los procesos penales siempre tienen preferencia. En caso de que el juez que atiende una causa considere necesaria la prejudicialidad penal, no se tiene en cuenta si el caso penal es anterior o posterior al procedimiento de la otra jurisdicción. Si la vía penal afecta la esencia del otro asunto civil, siempre tendrá preferencia. Así lo establece el Artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el orden jurídico español se aplica el principio de la no devolución. Esta regla permite que el tribunal que está procesando un asunto se pronuncie sobre un tema prejudicial, aunque no sea de su ámbito, sin devolverlo a la jurisdicción correspondiente.
En el caso de que el asunto prejudicial sea penal, no se aplica esta regla. El caso deberá ser llevado al juzgado de lo penal competente y se esperará su sentencia. Así lo establece el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Como estamos viendo, la prejudicialidad penal puede presentarse en el ámbito civil, laboral, penal, administrativo. En todos los casos, el proceso se suspende, el asunto se resuelve en la jurisdicción penal, y después de que lo penal se resuelva, el procedimiento anterior continúa.
Para que las actuaciones en los procesos se suspendan por prejudicialidad penal, deben existir dos requisitos básicos:
La suspensión del proceso será temporal, aunque continuará la tramitación mientras se espera la resolución penal. La interrupción del proceso siempre se realizará antes de la sentencia. La carga de la prueba resuelta en la prejudicialidad penal, es responsabilidad de la parte que la solicitó.
La prejudicialidad penal puede afectar a una de las partes de un proceso. ¿En qué puede perjudicar?
La persona perjudicada por la interrupción del proceso tiene el derecho a presentar un recurso. Por lo tanto, si un juez o un tribunal decidió sobre la prejudicialidad de un asunto penal, se podrá recurrir ante un juez o tribunal de superior jerarquía.
El artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil menciona los recursos que se pueden interponer cuando se decide suspender un proceso por prejudicialidad penal.
Si bien el procedimiento para recurrir la decisión sobre prejudicialidad puede variar según la jurisdicción, en general se cumplen los siguientes pasos:
La parte interesada debe ser notificada de la decisión de prejudicialidad penal.
El interesado, generalmente representado por un abogado especialista, preparará el recurso en el que incluirá argumentos y pruebas que respalden la reclamación. Lo presentará ante la instancia superior correspondiente.
El tribunal actuante emitirá una decisión sobre el recurso de prejudicialidad. Esta decisión puede confirmar, modificar o revocar la decisión original.
La cuestión prejudicial penal se considera resuelta cuando se ha alcanzado una decisión final en relación a los hechos o alegaciones que son objeto de la prejudicialidad.
La decisión puede ser:
Una vez que la cuestión prejudicial penal ha sido resuelta, se continúa el proceso relacionado con los mismos hechos. La instancia penal puede tener un impacto en el proceso civil, incluyendo la responsabilidad penal de una de las partes.
Hay cuestiones incidentales que surgen durante un proceso civil que no son temas de prejudicialidad penal. Prejudicialidad y cuestiones incidentales son conceptos diferentes.
Las cuestiones incidentales son las que surgen durante un proceso principal que deben ser resueltas durante el transcurso del mismo proceso. Casos de cuestiones incidentales son la competencia de un juez, la admisión de pruebas, la resolución de algún conflicto entre las partes. Se trata de asuntos que no están relacionados con un proceso penal en curso, sino con cuestiones secundarias del mismo proceso.
A pesar de sus diferencias, ambas pueden afectar el desarrollo y la duración de un proceso.
El concepto de delito contra la seguridad vial se refiere las acciones u omisiones… Leer más
El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo que, según la DGT,… Leer más
Los abogados criminalistas atraen una gran atención y generan debates significativos en la sociedad. En… Leer más
El sistema legal español es diverso y complejo. Estas características determinan complejidades en la resolución… Leer más
Si algo caracteriza nuestro ordenamiento jurídico es que cuenta con un gran catálogo de… Leer más
En nuestra norma penal se contemplan una gran variedad de delitos leves. Estos representan la… Leer más
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies