El principio non bis in ídem establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa y no puede ser castigada dos veces por el mismo delito. Es un principio que se aplica tanto a nivel penal como administrativo.
Según el Tribunal Constitucional, aunque no aparece explícitamente definido en la Constitución, se reconoce su vigencia en el ordenamiento jurídico. Los principios de legalidad penal y de proporcionalidad son base de la aplicación del non bis in ídem.
En casos de irregularidades en la aplicación del principio non bis in idem, la guía y asesoramiento de un abogado en su evaluación será clave para proteger los derechos fundamentales de los afectados.
El principio de legalidad penal está consagrado en el artículo 25 de la Constitución Española. Establece que ninguna persona puede ser condenada o sancionada por un delito sin que exista una ley que lo tipifique como tal. Por lo tanto, el principio non bis in ídem solo es aplicable en caso de delitos tipificados legalmente.
El principio de proporcionalidad busca asegurar que las medidas o sanciones impuestas por las autoridades sean adecuadas y proporcionadas al ilícito cometido. En este principio se apoya también el non bis in ídem.
Para que se considere pertinente el principio non bis in ídem deben cumplirse algunas condiciones específicas, que pueden resumirse de la siguiente manera:
Es un requisito de base para la aplicación de este principio, que el caso se trate del mismo hecho o conducta delictiva o infracción administrativa. Si los hechos son distintos, el principio no se aplica y se puede realizar un nuevo proceso o asignar una nueva sanción.
La persona afectada es la misma, independientemente de quien acuse, del órgano o autoridad que lleve adelante el juicio y de la existencia o no de otros acusados.
La persona debe haber sido juzgada previamente por estos hechos y debe haber una sentencia firme, es decir, no sujeta a recursos o apelaciones pendientes.
Como el principio non bis in ídem se aplica tanto en el orden penal como en el administrativo, la ley establece prioridades. En caso de que una persona esté investigada por un mismo hecho en ambos ámbitos judiciales, tendrá prioridad el orden de lo penal. Es decir, que se suspenderá el procedimiento administrativo a la espera de la resolución del caso en lo penal.
Por tanto, si una persona obtiene una resolución condenatoria en el ámbito penal no podrá ser sancionada por el mismo hecho por vía administrativa con posterioridad.
Existen algunas situaciones que se consideran excepciones en la aplicación de este principio.
Se puede imponer una doble sanción penal y administrativa por un hecho en las situaciones en las que exista supremacía estatutaria o especial. Es el caso de personas que tengan un vínculo con la Administración, como pueden ser los funcionarios.
El Tribunal Supremo ha establecido que la sanción penal no invalida la sanción administrativa. No obstante, la sanción administrativa podría provocar una reducción de la condena penal.
Se considera excepcionalidad la revisión de una sentencia una vez aplicado el principio non bis in ídem. Esto es posible cuando surgen nuevas pruebas que demuestran la inocencia de un condenado, por ejemplo. Con esta excepción se busca lograr que no se mantengan condenas erróneas cuando se descubren pruebas no disponibles en el momento del juicio original.
El principio non bis in íbidem no solo se aplica en España, sino que también es reconocido y protegido por toda la Unión Europea. Forma parte de los derechos fundamentales consagrados en el sistema jurídico de la Unión Europea, y está garantizado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
¿Qué implica aplicación internacional de este principio? Que una vez que una apersona ha sido juzgada y condenada o absuelta por un delito en un estado miembro de la UE, no podrá ser sometida a nuevo juicio o castigada nuevamente por el mismo delito en otro estado miembro.
En caso de que se considere que un juicio al que se somete una persona vulnera el principio non bis in idem, el afectado puede interponer un recurso de amparo ante los tribunales para solicitar la anulación del segundo proceso o de la sanción por el mismo delito.
Los tribunales revisarán el caso y si se confirma que efectivamente se ha vulnerado, se tomarán las medidas necesarias para corregir la situación.
En la mayoría de los casos, estas medidas implican declarar nulo el segundo juicio o la sanción. Si la persona ya ha sido condenada o sancionada, se anularán las sentencias y las penas impuestas.
De acuerdo con la gravedad de la situación y los daños causados al afectado, es posible que los tribunales dispongan medidas de reparación o indemnización por los daños y perjuicios sufridos como resultado de la violación del principio.
Mediante el principio non bis in idem, cuyo significado en español se acerca a «no dos veces lo mismo», el sistema intenta garantizar la seguridad jurídica en los procesos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Sin duda, tiene un gran peso en el ordenamiento jurídico español.
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