En ciertos delitos contra la seguridad vial, se realizan juicios rápidos que agilizan los procedimientos penales. Los juicios rápidos están previstos en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tienen el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficaz ante conductas que representen riesgo para la vida e integridad de las personas. Se consideran procedimientos especiales, pues se habilitan en situaciones específicas.
No todos los delitos cometidos en accidentes de tráfico pueden ser sometidos a juicio rápido. La normativa establece en qué casos puede usarse este procedimiento.
Los requisitos para juicios rápidos en delitos contra la seguridad vial son los siguientes:
Las condiciones para que se aplique el juicio rápido pueden variar, de acuerdo a la situación concreta de riesgo para la seguridad vial. Los tiempos son muy acotados y la actuación policial debe concentrar toda la información y las pruebas inmediatamente para trasladar el caso al Juzgado de Guardia.
En general, los delitos de tráfico que cumplen con los requisitos para que se habiliten juicios rápidos no son graves, pero representan un riesgo para la seguridad vial.
Se incluyen en este grupo los siguientes:
Si un agente ordena hacer un test de alcoholemia y el conductor se niega, estará cometiendo un delito previsto en el artículo 383 del Código Penal. Es un tipo de delito en el que puede aplicarse el juicio rápido.
La vigencia del carnet de conducir incluye el no haberlo obtenido nunca, que no se hayan perdido los puntos y las situaciones de privación cautelar por decisión judicial.
En estos casos, generalmente se pone en marcha el procedimiento de juicio rápido.
A continuación, analizamos los pasos generales que definen un juicio rápido en caso de delitos contra la seguridad vial.
El punto inicial que determina la existencia de un juicio rápido es la constatación de un delito contra la seguridad vial y la detención o la investigación aún sin detención del presunto infractor.
Comienza la fase de instrucción para recopilar pruebas y evidencias que respalden la acusación. Es una instancia ágil que debe cumplirse en poco tiempo, condición fundamental para un juicio rápido.
Con las pruebas a disposición, en un plazo lo más breve posible, se procederá a citar al presunto infractor y a los testigos para la comparecencia en el Juzgado.
En la audiencia en el juzgado, se exponen los hechos y se escuchan las explicaciones del investigado. En muchos casos, para que el juicio rápido se concrete sin demoras, el detenido reconoce los hechos y acepta las consecuencias penales.
Es característica del juicio rápido la sentencia inmediata, después de la fase de la comparecencia. En la sentencia se pueden establecer medidas como multas, acciones en beneficio de la comunidad, retiro del carné de conducir, entre otras. Se ejecutarán en el momento las disposiciones que así lo permitan, por ejemplo, el retiro del carné de conducir.
Este es el esquema general que sigue un juicio rápido por delitos contra la seguridad vial, aunque las características especiales de cada caso pueden determinar variaciones.
El rasgo distintivo de estos juicios es la rapidez de todo el procedimiento, pues, precisamente, su objetivo es agilizar la respuesta judicial en casos de delitos contra la seguridad vial.
El asesoramiento de un abogado es la elección más inteligente de un investigado en un juicio rápido por acusación de delito contra la seguridad vial. El profesional garantizará la defensa adecuada y se asegurará de que se respeten los derechos legales del acusado.
El abogado puede hacerse presente junto al acusado desde el inicio del proceso legal y acompañará a su defendido durante todo el procedimiento. Asesorará a su cliente acusado sobre las posibles consecuencias legales y le aconsejará cómo proceder durante el juicio.
En la comparecencia ante el juez, el abogado asiste al investigado. En esta fase del proceso podrá presentar alegaciones, interrogar a testigos, impugnar pruebas y realizar cualquier acción necesaria para la defensa.
Asimismo, la experiencia y conocimiento de los tribunales del profesional, le permitirá negociar con la fiscalía para llegar a un acuerdo sobre la pena o solicitar alternativas que beneficien a su defendido.
En síntesis, la participación de un abogado especialista en tráfico es muy importante para defender los intereses y derechos del imputado, y para que se respeten las garantías procesales que caracterizan a un juicio justo.
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