Aunque nuestro ordenamiento jurídico cuenta con todas las garantías y está amparado por una Constitución que establece una serie de derechos inquebrantables, muchas veces no hacemos uso de nuestro derecho a la defensa jurídica por el miedo al coste económico que un procedimiento judicial nos puede acarrear y, en ocasiones, por desconocimiento y falta de asesoramiento especializado.
Para favorecer el derecho a la asistencia por profesionales jurídicos, existen los seguros de defensa jurídica, de especial trascendencia en las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico.
De acuerdo al artículo 76.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, “por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.
Este seguro de protección jurídica incluiría el abono de los gastos de un profesional, de libre designación por el beneficiario, aunque también es posible que la propia aseguradora asuma las funciones de defensa, normalmente a opción del propio asegurado.
Se trataría de recuperar los gastos del abogado que se contrate para las reclamaciones relativas a un siniestro, por ejemplo, o parte de los mismos, ya que las cláusulas del seguro pueden establecer límites en cuanto a la cuantía asegurada.
El seguro de defensa jurídica puede tratarse de un seguro autónomo, como los seguros de defensa jurídica familiar, o de una cláusula que forma parte de otro contrato de seguro, supeditada a los gastos relativos a la cobertura de dicho contrato.
Cada contrato de seguro tendrá sus cláusulas específicas, por lo que habrá que tener en cuenta la póliza en partícular para conocer las coberturas con exactitud.
En muchos casos, los contratos de seguro de defensa jurídica incluyen un límite, por lo que los gastos que superen el límite establecido en la póliza, correrán a cargo del beneficiario del seguro.
Este límite suele operar solo respecto de la cuantía para la libre designación de abogado, siendo ilimitados los gastos de defensa que se realizan por la propia entidad.
Esta práctica está permitida por la guía de buenas prácticas de la Dirección General de Seguros, no obstante, se establece que la suma asegurada debe ser suficiente para garantizar los derechos reconocidos a los asegurados.
En caso de conflicto de interés entre el asegurado y la compañía aseguradora, a no ser que el contrato establezca una cantidad determinada para el caso concreto de conflicto de interés, debe cubrir los gastos de reclamación como si la propia aseguradora los hubiese prestado.
Por otra parte, se permite también que la compañía aseguradora deniegue la prestación de asistencia jurídica por considerarla inviable o temeraria, ya sea por falta de pruebas o por considerar la pretensión desproporcionada.
En este supuesto, también la guía de buenas prácticas de la Dirección General de Seguros expone ciertas actuaciones consideradas como buenas prácticas.
En general, lo habitual es que la aseguradora asuma el pago de la reclamación cuando el asegurado ejercita la reclamación por su cuenta y obtiene un resultado favorable o una indemnización similar a sus intereses.
Es importante destacar que para conseguir el reembolso de estas cantidades, será necesario conservar todos los justificantes de gastos y honorarios de abogados y procuradores.
Como hemos visto, el seguro de defensa jurídica nos garantiza el derecho a la defensa jurídica y puede resultar clave en alguna situación en la que necesitemos hacer valer nuestros intereses.
Este seguro favorece el derecho a la asistencia por profesionales jurídicos, siendo de especial trascendencia en las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico.
Si bien están diseñados para cubrir los gastos relativos a defensa jurídica, presentan ciertas limitaciones, por lo que en ocasiones no alcanzarán a cubrir la totalidad de los gastos, pero, en cualquier caso, siempre van a contribuir a reducir sustancialmente los costes de un proceso legal.
Dado que cada compañía y cada seguro tienen sus coberturas específicas, es aconsejable leer la póliza con detenimiento, comparar las ofertas de varias compañías y solicitar asesoramiento de un experto en la materia siempre que sea necesario.
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