El jurado popular está integrado por ciudadanos que participan en forma directa en procesos judiciales. Suele estar formado por nueve miembros y dos suplentes, seleccionados por sorteo entre los integrantes de una lista que se basa en el censo electoral y otros registros públicos.
La Ley del Jurado de 1995 regula el funcionamiento de estos jurados populares. Establece los delitos de los que pueden encargarse. En la exposición de motivos de esta ley se expresa que su origen se fundamenta en el artículo 125 de la Constitución Española. En él se establece que los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado.
Un abogado especialista ofrecerá el asesoramiento para resolver todas las dudas vinculadas a los jurados populares. Proporcionará información acerca del funcionamiento de estos juzgados y de cómo pueden afectar la condición de algunas personas que han sido convocadas.
Los jurados populares pueden intervenir en procesos judiciales específicos. Estos procesos se regulan, como hemos visto, por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Se trata de casos de delitos graves, generalmente aquellos que pueden concluir con penas de prisión significativas.
Entre los delitos para los que la ley habilita la actuación de jurados populares están los siguientes:
Para ser elegible como jurado popular, se deben cumplir determinados requisitos, dispuestos en la Ley 5/1995, que se enumeran a continuación:
La ley establece condiciones que inhabilitan a una persona para integrar un jurado popular. Algunas de estas condiciones son las siguientes:
Estas variables están diseñadas para garantizar la imparcialidad y la idoneidad de los jurados populares en el sistema de justicia.
El proceso completo para la elección de los jurados y su actuación en un juicio implica una serie de pasos:
La elección de los jurados populares se lleva a cabo de manera aleatoria mediante sorteo, que se realiza los años pares. Se basa en el censo electoral y en otros registros públicos.
De esa forma, se generan las listas de personas en cada provincia, que serán elegibles como jurados durante dos años. El sorteo es público y se utiliza un sistema informático que no muestra a los observadores los datos de los sorteados.
Los seleccionados en el sorteo serán notificados de que podrían ser llamados para actuar como jurados en un proceso judicial. La notificación se envía generalmente por correo postal certificado. A partir de la notificación se abre paso para que las personas presenten sus impedimentos para integrar el jurado popular.
En atención a las alegaciones de los candidatos a jurados, las listas se depuran.
Cuando se necesita un jurado para un caso específico, se realiza un segundo sorteo entre los candidatos notificados que no opusieron argumentos de impedimentos.
Los jurados seleccionados reciben una citación oficial para presentarse en el tribunal en fecha y hora programadas para el juicio.
Los jurados populares participan activamente en el juicio. Escuchan las pruebas y consideran las evidencias presentadas, y toman decisiones.
Las personas que integran jurados populares asumen el compromiso a mantener la confidencialidad sobre las deliberaciones.
La ley de jurados estipula algunas razones por las que es posible excusarse de integrar un jurado.
Algunas de estas razones son las siguientes:
La integración en jurados populares es retribuida con una compensación de aproximadamente 70 €, que los jurados percibirán durante los días en que asistan al juicio. Además, se les cubrirán costes de alojamiento, transporte y alimentación.
Se considera un deber cívico integrar un jurado popular cuando se es designado para esa función. Sin embargo, las circunstancias de la vida actual en ocasiones generan inconvenientes y dudas a los ciudadanos convocados.
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